Desde el inicio de esta administración, los temas relacionados con el bienestar, la salud y las condiciones laborales del magisterio colombiano han estado de manera prioritaria en la agenda pública. En este sentido, nos permitimos aclarar que frente a la información divulgada en diferentes medios de comunicación sobre el pago de las prestaciones sociales de los docentes del Magisterio, así como el incremento de demandas en contra de la Nación, especialmente por retrasos en el pago de cesantías, que se han acumulado durante las últimas décadas, el Ministerio de Educación Nacional no solo ratifica el compromiso con los docentes del país, sino que comunica a la opinión pública todos los esfuerzos que el Gobierno Nacional viene adelantando en la búsqueda de herramientas administrativas, tecnológicas y de recursos que permitan contribuir a una solución de fondo y sostenible a esta problemática.

Es así como se debe recordar que en materia de cesantías, su reconocimiento estaba regulado por normas especiales propias del régimen excepcional de los docentes; no obstante, por vía jurisprudencial se ordenó la aplicación de lo dispuesto por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, que consagra la sanción moratoria cuando no se cumplen los tiempos allí dispuestos, lo que incrementó el número de estas solicitudes y, en consecuencia, las demandas en contra de la Nación. Sin embargo, en esta administración, la cantidad de procesos en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) que se ven reflejados en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (E-Kogui) vienen siendo objeto de depuración de la información mes a mes, sumado a la exigencia de optimizar la defensa judicial del Fondo y honrar las órdenes de las autoridades judiciales.

En consideración a ello, el Gobierno Nacional, a través de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, dio lugar a: (i) optimizar el trámite operativo para el reconocimiento de las cesantías reduciendo tiempos en casi un 50%; (ii) proteger los recursos del Fondo, permitiendo que cualquier indemnización la asuma el responsable de su causación, al tiempo de mantener la facultad de la acción de repetición para obtener el reintegro de lo pagado por la mora; y (iii) disponer de recursos específicos para el pago de la sanción por mora, por $1,1 billones, sin afectar los recursos del Fomag.

Por su parte, esta cartera ministerial, en los últimos dos años, ha venido aunando esfuerzos con las entidades territoriales certificadas en educación y con Fiduprevisora S. A., como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de potencializar y modernizar los procedimientos que rigen el reconocimiento y el pago de las prestaciones sociales. Es así como al mes de marzo de 2020 se ha resuelto el 90% de las nuevas solicitudes de cesantías radicadas con posterioridad a la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y se ha reducido considerablemente la causación de la sanción por mora.

Como da cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional trabaja de manera decidida para permitir a las entidades territoriales y a la sociedad fiduciaria administradora del Fondo el cumplimiento oportuno de las prestaciones de los docentes del Magisterio, reduciendo los tiempos de respuesta y protegiendo los recursos del Fondo, lo que se verá reflejado en la disminución de la litigiosidad en contra de la Nación y del Fomag.

Es de anotar que en el territorio nacional se han conformado 33 Comités Regionales de prestaciones sociales del Magisterio, los cuales se encuentran integrados por los Secretarios de Educación, los representantes de las agremiaciones sindicales de cada uno de los departamentos y municipios y un representante de Fiduprevisora. En estos espacios se monitorea y hace seguimiento al reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los educadores.

Con el mismo propósito y como garantía de transparencia, el Ministerio de Educación Nacional de manera conjunta con Fiduprevisora, trabaja en mesas permanentes con la Procuraduría General de la Nación, con el objeto de lograr un mayor dinamismo en la ejecución de los recursos destinados al pago de la sanción por mora y lograr con el mecanismo de la conciliación administrativa, jornadas masivas que han permitido atender en forma simultánea pluralidad de casos.

Es de esta manera como el Gobierno responde a los acuerdos y necesidades relacionadas con la salud y las prestaciones sociales de los docentes. Nuevamente se ratifica el compromiso para avanzar con mayor celeridad en la atención oportuna de todas las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales de los maestros del país, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para lo cual, además de haber dispuesto de herramientas normativas, administrativas y presupuestales para el cumplimiento de dicho propósito, convocará, a través del Consejo Directivo del Fondo, del cual hacen parte delegados de FECODE, a un mecanismo de seguimiento permanente a la ejecución de los recursos que con tal fin destinó el Plan Nacional de Desarrollo.

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