Dentro de la investigación por el caso del presunto acceso carnal violento efectuado por soldados del ejército nacional contra una menor indígena de la comunidad Embera Chamí en días pasados, la Procuraduría General de la Nación, asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra soldados por establecer del Batallón San Mateo.

“Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto objeto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el Ministerio Público al ejercer el poder disciplinario preferente.

Para la Entidad los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.

Simultáneamente, el ente de control intervino en el consejo de seguridad convocado por las autoridades de Pueblo Rico, donde reclamó que se adelante la oportuna investigación penal, bajo el principio de debida diligencia y el restablecimiento de derechos de la niña como titular de especial protección constitucional.

A través de las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Derechos Humanos, Asuntos Étnicos, Ministerio Público para Asuntos Penales, la Regional Risaralda y la Provincial Pereira, la Procuraduría velará por la defensa, protección y garantía de los derechos de la niña, su familia y su comunidad.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, es obligación asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Recordó que de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional los pueblos indígenas son sujetos de especial protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Facebook Comments