Por: Oscar Rojas Mayorga – Vocal de Control de Servicios Públicos Domiciliarios – Municipio de Sopó
En los últimos meses, Sopó ha consolidado un ejercicio democrático fundamental: la creación del Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos. Este no es un espacio de cortesía institucional, sino un mecanismo legal de poder ciudadano amparado en la Ley 142 de 1.994. Su existencia responde a una necesidad imperativa que los usuarios pasen de ser sujetos pasivos a vigilantes técnicos de la gestión, calidad y costos de los servicios que sostienen su calidad de vida.
Si bien la alcaldía y la empresa EMSERSOPÓ E.S.P. han procedido con el registro formal del Comité, es importante precisar que este reconocimiento no es una concesión de la empresa, sino el cumplimiento de una obligación normativa frente a una ciudadanía organizada. El verdadero hito no es el acto administrativo, sino la decisión de más de medio centenar de usuarios de ejercer su derecho a la fiscalización directa. El control social no solicita permiso; se ejerce con rigor.
El panorama para el año 2.026 es crítico y exige máxima alerta. Nos enfrentamos al inicio de la estructuración de un nuevo marco tarifario, proceso que coincide con un factor de alto riesgo financiero: la entrada en operación de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) sobre el río Teusacá y la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Debemos ser francos, la Planta de Tratamiento de Agua Potable sobre el rio Teusacá, cuya ejecución se extendió por cerca de 16 años y que ha generado dudas sobre la confiabilidad de su fuente hídrica en verano, representan hoy un reto operativo monumental. La puesta en marcha de esta infraestructura implica costos de mantenimiento, consumo energético y tratamiento químico que amenazan con disparar la estructura tarifaria del acueducto y alcantarillado.
Desde este ejercicio de control social, planteamos una postura crítica, la modernización del servicio no puede convertirse en un cheque en blanco a cargo del bolsillo de los soposeños. No permitiremos que las posibles ineficiencias operativas o los sobrecostos de una planeación de tres lustros se trasladen automáticamente al usuario bajo la excusa de la «sostenibilidad». La viabilidad de una empresa pública es nula si no garantiza primero la sostenibilidad a periodicidad económica de los hogares.
El debate del 2.026 exige transparencia absoluta. Como vocal de control, insisto en que este no es el momento para la complacencia, sino para que el Comité actúe como un contrapeso técnico frente a las decisiones que se tomen a puerta cerrada. El control social en Sopó llegó para quedarse; no como un obstáculo, sino como la garantía de que el desarrollo sea justo, eficiente y transparente. La invitación es clara, informarse y vigilar. Los servicios públicos son una causa común por la equidad y el futuro de nuestro municipio.
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