Conozca las zonas del país más vulnerables a delitos electorales como el ‘trasteo de votos’.
Con tan sólo 15 kilómetros cuadrados, Sabaneta, en Antioquia, es el municipio más pequeño de Colombia. Está ubicado a tan solo 25 minutos de la zona urbana de Medellín. Y según las proyecciones del Dane, su población es de 54.573 habitantes. Y si por el censo electoral fuera, todos, el 100% de ellos, son mayores de 18 años y están inscritos para votar. Pero no solo eso. Hay, además, otras 16.155 personas que, según las autoridades electorales, también votan en ese pequeño municipio.
Sabaneta es solo uno de los casos, el más fuerte de todos, en los que las personas aptas para votar superan la cantidad de habitantes que, oficialmente, reporta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Y es uno de los focos de alerta por trashumancia electoral y posibles votaciones irregulares que ha lanzado la Misión de observación Electoral (MOE).
Pero además, en ese pequeño municipio, confluyen otros datos que deberían alertar a las autoridades.
No solo tiene más ‘votantes’ que ‘habitantes’, sino que la tasa de inscripción para estos comicios fue de 224 por cada mil habitantes. Es decir, cuatro desviaciones estándar por encima del promedio nacional. Y si a eso se suma que en los comicios de 2015 fueron anuladas el 68% de las inscripciones de cédulas, se podría estar ante un municipio en alto riesgo de fraude electoral.
Esos dos indicadores: censo electoral y atípico número de inscripciones para las elecciones regionales de 201, podrían, según la MOE, mostrar un posible caso de ‘trasteo de votos’.
Votantes de un lado al otro
¿Y qué es el trasteo o trashumancia? Es cuando un político, por alterar el resultado de las elecciones, mueve a un grueso número de personas de una región a otra con el fin de que inscriban su cédula y voten a su favor o al de su ‘apadrinado’.
Este delito esta penalizado, tal como lo explica el artículo 389 del Código Penal, con cárcel: “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquél donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”, señala la norma.
De ahí la alarma cuando las cifras muestran crecimientos inusitados de la población apta para votar en alguna región del país. EL TIEMPO tuvo acceso a la base de datos con la que la MOE monitoreó la inscripción de cédulas en todos los municipios del país y que fue el insumo para la elaboración de los nueve informes de alerta de esta ONG sobre posibles irregularidades en la inscripción de cédulas.
La cifra clave de esta base de datos es la ‘tasa de inscripción de cédulas en el país’, que según la MOE “se calcula dividiendo la cantidad de inscritos de cada municipio del país dividida sobre su población (según la proyección del DANE) y multiplicada por mil. Esto permite entender cuántos ciudadanos se han cambiado a los puestos de votación del municipio por cada mil habitantes, lo que hace comparables los datos de todo el país, a pesar de las grandes diferencias demográficas entre municipios”.
Al hacer ese ejercicio se revela que, en promedio, para estos comicios locales, la tasa promedio de inscripción en el país es de 85 por cada mil habitantes. Sin embargo, hay municipios que superan hasta cuatro veces ese promedio. Para determinarlos, la MOE aplicó la ‘desviación estándar’, una medida estadística que permite detectar casos que se comportan de manera atípica, como lo muestra el mapa.
¿Pueblos con el 100% de sus habitantes aptos para votar?
Como Sabaneta, del que hablamos antes, hay 487 municipios más donde el censo electoral es mayor al número de habitantes. De ellos, en 62 el número no supera las 60 personas. Sin embargo, en 31 de ellos, la diferencia es mayor a mil personas. Esto, alertan fuentes de la MOE, es significativo si se tiene en cuenta que para estos comicios locales no hay segunda vuelta y los cargos se pueden ganar o perder por un solo voto.
En este gráfico interactivo podrá usted ver cuáles son los municipios donde es mayor este fenómeno.
Trasteo de votos ‘gota a gota’
Uno de los factores que llama la atención en la base de datos de la MOE es el comportamiento entre lo que han sido tradicionalmente las inscripciones de cédulas para los comicios locales anteriores y los actuales, donde se mueven muchos candidatos, mucho dinero (con poca rendición de cuentas) y mucha puja entre las castas políticas locales.
Las cifras mostraron cómo en al menos 10 municipios del país hubo una inscripción muy por encima de lo normal para las elecciones presidenciales, en comparación con otros años, y muy por debajo de lo acostumbrado para estas elecciones, si se compara con procesos pasados.
Municipios con posible ‘trashumancia histórica’
| Municipio | Departamento | Tasa 2018 (por 1000 hab.) | Tasa 2019 (Por 1000 hab.) | Diferencia en tasa (Por 1000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Nariño | Nariño | 335 | 44 | -292 |
| La Estrella | Antioquia | 151 | 90 | -61 |
| La Victoria | Boyacá | 154 | 100 | -54 |
| Río Quito | Chocó | 142 | 92 | -49 |
| Cajicá | Cundinamarca | 155 | 109 | -46 |
| Envigado | Antioquia | 99 | 54 | -45 |
| Pedraza | Magdalena | 172 | 129 | -43 |
| Chía | Cundinamarca | 86 | 46 | -40 |
| San Benito | Santander | 71 | 32 | -39 |
| Pamplona | Norte de Santander | 98 | 59 |
Para la MOE, esto puede indicar un ‘refinamiento’ en la forma de trastear los votos y hacerlo menos visible para las autoridades electorales, tal como lo reconoció un investigador de ese organismo.
“La ley 1475 de 2011 cambió las condiciones de inscripción. Antes se hacían tres meses antes del proceso electoral. Ahora, se hacen un año antes. Esto abrió una puerta que han aprovechado los caciques electorales: empezaron a mover a otras regiones a todo su caudal electoral y lo inscribieron en su lugar de interés desde antes de los comicios de Congreso, en marzo de 2018”.
¿Y cuál es la razón de este comportamiento? Que en elecciones como la de 2018 se eligen autoridades que rigen a nivel nacional nacionales, (como el Presidente y los Senadores) y departamentales (como los representantes a la Cámara). No se escogen autoridades locales, por lo que los organismos de control relajan sus niveles de control y supervisión de las inscripciones en los municipios.
“Esto les ha permitido a los caciques refinar este delito. Ahora mueven a su gente un año antes, cuando no tienen tantos ojos encima, y no ahora, que tienen la lupa puesta en cada inscrito en los municipios”, señaló el investigador.Van más de 900 mil cédulas anuladas
Hasta la fecha, El Consejo Nacional Electoral ha anulado un total de 915.053 inscripciones de cédulas en el país. En este gráfico se puede ver el balance por departamento.
Actualmente, la anulación de cédulas se hace luego de cruzar cruzando las bases de datos de inscritos frente a las reportadas el Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), del Ministerio de Salud; el Sisbén, del Departamento de Planeación; y de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza. Ese fue el procedimiento que se usó en el año 2015 y que permitió una anulación del 38,1% de las inscripciones de cédulas en el país.
Y en muchos de esos casos las decisiones debieron ser reversadas ante la ola de reclamaciones de los ciudadanos afectados.
Por eso, para la MOE, este cruce de datos es insuficiente, pues según reportó en su más reciente informe, “en caso de seguir el mismo procedimiento de 2015, los datos parciales demuestran que, nuevamente, las bases de datos oficiales no podrán demostrar la residencia del 30% de los ciudadanos inscritos, en cuyo caso existe la posibilidad de una nueva anulación masiva de inscripciones que lleve a numerosos reclamos de la ciudadanía, como sucedió en 2015.
Lo ideal sería que se ampliara la consulta de fuentes. La MOE sugiere complementar la información con las siguientes, para lograr acercarse al 100% de efectividad.
- Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
- Base de datos de los beneficiarios de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, del DPS.
- Base de datos del Censo poblacional 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
- El Índice de Propietarios de la Superintendencia de Notariado y Registro.
- El Catastro Nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
- El Registro de usuarios de empresas de servicios públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Los registros de matrículas mercantilesde las Cámaras de Comercio.
- El Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- El registro de miembros de consejos comunitarios afrodescendientes, resguardos indígenas y kumpany del Ministerio del Interior.
- Información sobre la residencia de los reincorporados de la antigua guerrilla de las FARC-EP con derecho de votar, proveídos por la Agencia Nacional para la Reincorporación (ARN) y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).
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